Decálogo de un Gobierno público

Asistimos a una degradación progresiva de la política que se ha convertido en sinónimo de una actividad vergonzante cuando debería considerarse algo noble por estar al servicio de los ciudadanos. Eso es así porque se ha permitido su ejercicio sin que se cumplan una serie de condiciones que aumentarían la probabilidad de que disfrutásemos de una vida en comunidad, en paz y prosperidad, con las dificultades propias de cada tiempo. Esas condiciones serían:

1. Formación. Sólo debería permitirse aspirar a cargos públicos de responsabilidad en la gestión de recursos que afecten a un número significativo de ciudadanos a aquellos que tengan la formación imprescindible para la garantizar al máximo una gestión responsable desde el conocimiento. Así, se maximizarían resultados sin incrementar de forma vergonzante el número de asesores. Hoy batimos récords de asesores de los cuales un número importante carecen de la formación mínima exigible para asesorar en algo. Debería, por tanto, exigirse una formación universitaria en cada área de gestión o crear una élite de funcionarios formados con esa intención como ocurre en otros paises. No es bueno, como se dijo, que cualquiera puede llegar a Presidente del Gobierno. Es precisamente la manifestación más clara de la degradación del sistema.
2. Experiencia. En la misma línea, debería primarse el acceso a cargos públicos de responsabilidad de aquellos que hayan tenido experiencia laboral previa con responsabilidad en la toma de decisiones en su área de conocimiento.  Hay que estar inmerso en la sociedad real y tener experiencia en la resolución de conflictos, para poder dirigirla pensando en el bien común. De lo contrario, la política se convierte en el medio de vida de los políticos y, si eso es así, los principios que rijan sus decisiones serán siempre aquellos que sirvan para mantener su carrera política en cada momento, no necesariamente el bien común. Estaremos a merced de una ‘partitocracia’ cuyo único objetivo es su propia subsistencia por encima de los intereses de los ciudadanos. No hace falta extenderse en esto pues ya está plasmado en nuestra sociedad de una manera evidente.
3. Trasparencia y veracidad como garantía de legitimidad. No puede investirse a un Presidente del Gobierno que pacta para su investidura con quien dice en campaña que no lo va a hacer. Su nombramiento, aunque sea legal, no puede ser legítimo al sustentarse en un fraude masivo. De no ser así, podría llegarse  a una situación donde se implantase legalmente un cambio de régimen, incluso dictatorial, basado en acuerdos previos desconocidos por los ciudadanos. Los  pactos deben ser claros y su cumplimiento previo a la investidura exigirse por ley.
4. Compensación justa. Los gobernantes con alta responsabilidad deberían, por tanto, recibir honorarios justos, acordes a los que perciben los que dirigen corporaciones con menos empleados bajo su responsabilidad. De otra forma será difícil que los más preparados dediquen su tiempo a la actividad política.
5. Honradez. No podemos permitir que una sociedad libre y próspera pierda sus logros por falta de principios morales de sus gobernantes. No es admisible la más mínima corrupción demostrada en cualquiera de sus formas: económica, de mérito o ideológica. Una persona es la misma en todos los ámbitos de su vida. 
6. Independencia judicial. El Poder judicial debe ser completamente independiente del poder ejecutivo. Para ello, el poder legislativo no puede influir en la elección de los tribunales supremos. Se debe garantizar su independencia ideológica y económica. No puede un juez  incorporarse a cargo públicos  y retornar a la carrera judicial a ámbitos jurisdiccionales en los que su ideología pueda afectar a la  imparcialidad de sus decisiones. 
7. Bloqueo de ideologías perversas. Hemos de preservarnos de ser gobernados por representantes de ideologías perversas que desprecian al ser humano, a su dignidad inalienable, anteponiendo el estado a la libertad individual. Siempre han fracasado llevando a las sociedades a la pobreza a través de la represión y la coacción. Es el caso del nacionalsocialismo o del comunismo. No sólo han demostrado su fracaso en la creación de paz y bienestar sino que conllevan el exterminio sistemático de los disidentes. Tampoco debería permitirse que un liberalismo capitalista atroz, generador de diferencias sociales insalvables, guíe los los destinos económicos del país.
8. Unidad de la nación. No podemos permitir la legalidad de partidos políticos que aspiren a la destrucción de la propia Constitución y amenacen la unidad del país. Es una contradicción que no admiten las democracias más avanzadas. Es un signo de democracia inmadura, poco evolucionada. No se puede discutir aquello que nos hace iguales ante la ley y una comunidad con un destino compartido.
9. Responsabilidad económica y penal de los dirigentes. No debería quedar impune una gestión deficiente con tomas de decisiones que conllevan un daño físico, moral o económico masivo en los ciudadanos. No es suficiente la penalización de las urnas cuando el daño ya está hecho. Detrás de estas malas decisiones, suele estar la falta de formación, la falta de previsión, intereses personales o de lobbys de poder, la distorsión de la realidad para mantenerse en el poder o el seguimiento de ideologías ya demostradas como fallidas. Se debe legislar para que los gobernantes puedan ser juzgados por las consecuencias de sus decisiones cuando los resultados negativos de las mismas fuesen previsibles, independientemente de que se demuestre o no una conducta dolosa. 
10. Estabilidad. No deberían establecerse límites a la reelección de gobernantes capaces cuyos resultados en la gestión de lo publico sean objetivamente beneficiosos para la gran mayoría de los ciudadanos en lo referente a la paz, prosperidad y garantía de libertades.